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Apuntes de Historia LIII
 
 
 
 
 
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05 de Enero de 2014
Arqueología perdida (II) 
Manuel Jesús Parodi.-En el anterior capítulo de esta serie formulábamos un planteamiento, el de la riqueza arqueológica de Sanlúcar que permanece desconocida o que se ha perdido por causas diversas, todas infelices y desafortunadas y no pocas fruto y consecuencia de la inacción, la incuria, el desinterés, el desconocimiento o, en otra índole de cosas del interés más torcido y miope.
Igualmente, junto a lo desconocido y lo irremisiblemente perdido (ya se trate de restos inmuebles, como estructuras, o de elementos muebles, como piezas de distintos materiales procedentes de uno u otro yacimiento arqueológico, por ejemplo) son de contar los bienes patrimoniales (arqueológicos, dado el objeto de interés de este texto) que, conocidos y estudiados, descansan en vitrinas pertenecientes a Instituciones del Patrimonio (en este caso, fundamentalmente se trata de museos) a bastantes kilómetros de distancia de nuestra ciudad.

Circunstancias históricas de uno u otro signo subyacen bajo las razones de esta merma del Patrimonio de Sanlúcar, entre las que cabe mencionar las fechas en que los distintos yacimientos arqueológicos de origen de dichas piezas singulares fueron estudiados y excavados (como el de Évora, a mediados del pasado siglo, o el de La Algaida, en el último cuarto del mismo siglo XX -con el pebetero o quemaperfumes conservado en el Museo Provincial de Cádiz), o el hallazgo fuera de contexto de los objetos en cuestión (como es el caso del Bronce de Bonanza, al que la descontextualización de su hallazgo se suma lo antiguo del mismo ya que se produjo en el último tercio del siglo XIX).
 
Ciertamente, en España, yacimientos y restos arqueológicos muebles han sido tratados a lo largo del tiempo (como no podía ser menos) de acuerdo con la normativa legal vigente en el momento de su descubrimiento y estudio; esta cambiante normativa (fruto siempre de su tiempo) ha regido el estudio de los yacimientos y de los materiales en ellos hallados desde el siglo XVIII (con la creación de las Reales Academias de la Historia y de las Bellas Artes de San Fernando).
 
En España la protección del Patrimonio Arqueológico recibió un respaldo administrativo en el siglo XIX con la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos (que rendían cuentas a las antedichas Reales Academias); sobre estas Comisiones Provinciales recaían las responsabilidades de la gestión del Patrimonio Histórico (y Arqueológico, y Artístico) en el territorio del estado.
 
Uno de los instrumentos que sirvieron a tales fines serían los Museos provinciales (de Arqueología y de Bellas Artes, fruto original en buena medida de estos impulsos administrativos decimonónicos, cuando no de las inquietudes y afanes de las élites locales y provinciales, cuya acción en no pocos casos fue decisiva para la creación de algunas de estas instituciones del Patrimonio), que irían paulatinamente conformando una (poco articulada) red de museos extendida de forma paralela a la nueva estructura provincial creada en 1833 en el país y que sustituiría a la administración territorial precedente (basada en los reinos históricos medievales fundamentalmente, sin contar con el fallido experimento de la administración josefina bajo la ocupación francesa, que trató de implantar en España un modelo basado en prefecturas siguiendo el modelo departamental francés).
 
Estos museos españoles del Ochocientos estarían sujetos, como venimos señalando, a la autoridad de las Comisiones Provinciales de Monumentos, que lo estaban -a su vez- a las Reales Academias de la Historia y de San Fernando (de Bellas Artes), y que guardaban mucha relación con las Diputaciones Provinciales.
 
No se trataba, en absoluto, de instituciones de carácter local, y las líneas de acción de su acción pedagógica y social se orientaban hacia la exposición de materiales desde una perspectiva más anticuarista que arqueológica o histórica, si bien la iniciativa de algunos de sus directores les convirtió, ya a principios del siglo XX y en lo que atañe a los Museos Arqueológicos, en ejes impulsores de la investigación arqueológica de campo en el seno de sus respectivas provincias.
 
Es de reseñar en este sentido la existencia de algunas excepciones notables, como sucediera en el caso de algunos Museos de Bellas Artes -y Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, como vendría a suceder en el Museo de Bellas Artes de Cádiz bajo la dirección de Pelayo Quintero- que desarrollaron Gabinetes Arqueológicos o “Gabinetes de Antigüedades”, o que -de un modo menos ambicioso- constituyeron Colecciones Arqueológicas (como en la ciudad de Jaén, por citar un caso andaluz, donde la colección arqueológica municipal acabaría constituyendo la base del Museo Arqueológico Provincial).
Finalmente es de mencionar el definitivo impulso que esta materia (la gestión del Patrimonio Arqueológico español) recibió a principios del siglo XX con la promulgación de la primera Ley de Excavaciones de España (que data de 1911, con su correspondiente Reglamento de 1912, del que se ha cumplido no hace mucho su primer centenario). Desde ese momento, la gestión del Patrimonio Histórico español contaría con un repertorio legal consistente propio.
 
De este modo, la normativa legal (y no se nos pasan por alto las múltiples casuísticas que puedan haber escapado a las circunstancias regladas y al curso legal de los acontecimientos al margen -o en los márgenes- de la investigación) ha venido históricamente marcando los ritmos de la conservación del Patrimonio Arqueológico mueble en nuestro país, del que forma parte el término municipal de Sanlúcar de Barrameda.
 
¿Qué ha sucedido, pues, con el Patrimonio Arqueológico sanluqueño a lo largo del tiempo? Habría que remontarse a la Historiografía local tradicional para tener las primeras noticias de una “arqueología sanluqueña”. Las fuentes historiográficas (bibliográficas queremos decir) proporcionan alguna información (ya en época moderna) sobre algunos hallazgos, restos y estructuras arqueológicas aparecidas en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda y en el contexto y marco espacial del Coto de Doñana.
 
Reservaremos oportunamente espacio, tiempo y párrafos -en un futuro- para acercarnos a esta “arqueología sanluqueña” de base libresca e historiográfica, que debe ser convenientemente atendida y correctamente considerada a la hora de construir una pequeña historia de la arqueología local (otro de los temas en los que nos encontramos ocupados).
 
En los siguientes párrafos de esta serie, en cambio, trataremos de abordar la cuestión de los bienes arqueológicos muebles (los objetos, piezas y restos arqueológicos) aparecidos en nuestro término municipal y que no se conservan en nuestra ciudad, bien por encontrarse en instituciones del Patrimonio (museos eminentemente) localizadas en otras ciudades (Madrid, Sevilla, Cádiz…), bien por no haberse conservado noticia ni traza del destino seguido por unas piezas de las cuales sólo se conservan -más o menos vagas- noticias de su –presunta- aparición, unas “noticias” arqueológicas envueltas en las brumas de la incertidumbre en la mayor parte de los casos.
 
Cosa distinta será lo que se refiera a piezas arqueológicas bien conocidas, a tesoros muebles de nuestro Patrimonio Arqueológico que se conservan fuera de Sanlúcar de Barrameda, custodiadas en una u otra institución del Patrimonio (de carácter nacional o provincial, como los Museos Provinciales de Cádiz y Sevilla, o el Museo Nacional de Arqueología, por ejemplo): se conoce su existencia, su origen en el solar sanluqueño, su sentido y significado históricos, su trayectoria arqueológica, su peso en el contexto de uno u otro horizonte cultural, pero no se conservan en Sanlúcar de Barrameda, en cuyo término municipal fueron halladas.
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